mar. Jun 18th, 2019

Por qué Honduras es uno de los lugares más peligrosos para ser LGBTI

En los últimos 10 años Honduras ha sido escenario de crimen para 262 personas de la comunidad LGTBI. Es la cantidad de víctimas de homicidio que reportó la organización lésbica Cattrachas. El Ministerio Público es el encargado de dar cifras oficiales al respecto, a través de su oficina de crímenes contra grupos vulnerables. Pero no las comunica. Organizaciones LGTBI de este país denuncian que existe una desidia en los entes de seguridad, investigación y justicia del Estado que aumenta la impunidad y la violencia contra ellos. Y convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos de la región para las personas LGBTI.

Yánez era una mujer trans y, a falta de otras alternativas laborales, trabajadora sexual. Tres miembros de la policía nacional la atacaron en plena vía pública, mientras ofrecía sus servicios en las calles de San Pedro Sula. La asesinaron. El crimen se perpetró en 2003 pero recién 14 años después, uno de los policías que estaba prófugo por el crimen, Carlos Iván Contreras, fue capturado. La falta de investigación y de involucramiento de los entes de seguridad que deberían encargarse de investigar estos crímenes es uno de los aspectos más preocupantes, señaló a Presentes la abogada Vienna Ávila de la Asociación Feminista de Mujeres Trans (AFET). Sobre todo, si se tienen en cuenta las pocas cifras que existen.

Vienna Avila, activista de Asociación Feminista de Mujeres Trans (AFET).

¿Qué pasó con la oficina de crímenes de odio?

Ante la falta de conocimiento y conciencia en el manejo de los crímenes de odio, en 2014 el Ministerio Público creó la Unidad de Muertes de la Diversidad Sexual. Funcionaba en el marco de esta institución, en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y contaba con el apoyo de grupos LGTBI de la sociedad civil. Un fiscal asignado recibía la visita de organizaciones que daban seguimiento a los casos. Contaba con el apoyo de otros países, entre ellos, la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero sólo duró un año.

Vienna Ávila, quien acompañaba la unidad de muertes de la diversidad sexual, explica que ahora los casos se remiten a la Unidad de Crímenes de Alto Impacto, dentro del Ministerio Público. Allí se siguen también los asesinatos contra defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas, abogados y ambientalistas. Le llaman la sección de “muertes de grupos vulnerables”. Con el apoyo de un proyecto de fortalecimiento del sistema de justicia hondureño (llamado Euro Justicia, y auspiciado por la Unión Europea, la AFET y otras organizaciones LGTBI), siguen presionando a esta unidad para no engavetar o cajonear los casos.

El odio en cifras

Desde 2008 a mayo de 2017, 262 personas han sido víctimas de homicidio y asesinato por su orientación sexual y/o su identidad de género en Honduras. Solamente 46 casos han sido judicializados. De esos, 9 han conseguido una sentencia absolutoria y sólo 15 terminaron en condenas.

Del total de asesinatos contra población LGBTI,  23 han sido contra mujeres lesbianas, 153 contra hombres gays y 84 contra transexuales. Los departamentos de la zona noroccidental son los más violentos y les sigue Tegucigalpa, según recuenta la organización lésbica Cattrachas. La organización ha desarrollado el único observatorio de muertes de la comunidad LGTBI en Honduras. Ante la falta de transparencia en los entes del Estado, recoge datos de medios de comunicación.

“Ser testigx protegidx es una sentencia de muerte”

“La lucha de nosotras es que institucionalicen esta unidad. Que funcione de manera específica, porque es muy necesaria, independientemente de que exista déficit dentro de ella. Como organizaciones de la sociedad civil nos toca educar a fiscales y a médicos forenses”, explica Vienna Avila. Avila visita la Unidad de Crímenes de Alto impacto para dar seguimiento a los casos “Cumplimos muchas veces el rol del Estado”, explica.

El caso de Yanez no sólo habla de un crimen impune: muestra un patrón. Avila asegura que la población LGTBI está siendo víctima de los mismos operadores de justicia: policías, agentes de la policía de investigación, antes y también durante el proceso de denuncia.

“Es un tropiezo tener que ir a la estación de Policía porque ahí revictimizan a las personas. Si hay una muerte en la calle, en la zona de trabajo de las compañeras, nadie quiere ser testigo. La figura de testigo protegido en este país es una sentencia de muerte. Entonces la fiscalía dice que no sabe qué hacer porque los testigos no quieren hablar”, relata Avila.

Silencio desde el Ministerio Público

Presentes intentó acceder a fuentes del Ministerio Público en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En San Pedro, la respuesta fue que la unidad aun funciona y que incluso Avila lo podía ratificar. Pero que no podían dar información sobre cifras ni casos, porque la centraliza la dirección de fiscales.

En Tegucigalpa dijeron que el director de fiscales no da entrevistas y es el único que puede resolver dudas al respecto. Se pidió solicitar la información vía correo electrónico. Al cierre de esta nota, después de varias insistencias, el departamento de Relaciones Públicas y Transparencia del Ministerio Público seguía sin dar la información.

“Dentro de esta unidad solo hay un fiscal y ahora hay tantos casos. Cuando algo no va a dar efecto y no va a dar los indicadores que se propusieron, la gente tiene que inventarse cosas. Con esto no estoy diciendo que los abogados no investiguen. Pero se supone que comenzamos la unidad siendo solo de diversidad sexual debió haber seguido con ese interés. Apenas estuvo un año, de 2014 a 2015, en que subsistió como diversidad. Entonces dijeron: no nos va dar cifras de soluciones”, critica Avila.

“Es nuestra identidad la que nos afecta”

Kendra Jordany es una mujer trans defensora de derechos humanos. Ella asegura que si no es por parte de las organizaciones que activan dentro de las instituciones del Estado, los casos de violencias y muertes contra la comunidad LGTBI quedarían engavetados, sin resolver. Las familias, cuenta, no siempre acuden a presionar a las autoridades. A veces ni siquiera reclaman los cuerpos en Medicina Forense.

Kendra Jordani, activista trans. 

“Nos ha tocado velar a muchas compañeras y compañeros. A veces abstenernos de seguir presionando para la investigación porque hay familias que no quieren que la comunidad LGTBI se involucre. No quieren que se sepa”, explicó.

Kendra y Vienna alegan que la individualización de esta unidad garantizará poner atención a esta situación de violencia hacia la comunidad LGTBI. “Aunque sea a la hora de la estadística, debemos agregar que somos mujeres transexuales. Si no se nos reconoce así, a la hora de una muerte puede caber dentro de la figura del femicidio cuando no es lo mismo. Tampoco queremos que nos metan en el sector de defensoras de derechos humanos. Es nuestra expresión de identidad de género la que nos afecta. Desde que ponemos un pie en la calle ya estamos siendo vulnerabilizadas. Luego de eso, agréguele las que son trabajadoras sexuales. Y hay otras que son abogadas, periodistas, entonces no me van a meter en un solo saco”, explica Avila, como si hablara de su propia muerte.

Y concluye: “Si usted se fija, la mayoría de casos llevan un proceso, son la mayoría de personas dentro del sistema de justicia: policías, personas investigadoras, ese tipo de gente, son raras las personas externas a estas instituciones. Entonces ¿quienes nos están matando? ¿Quiénes nos están violentando? Los mismos operadores de justicia”.

Por: Agencia Presentes

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